Históricamente, el ejercicio de la libertad sindical
del país ha estado marcado por una serie de obstáculos que van desde las formas
más sutiles de impedir la organización obrera hasta atentados contra la vida e
integridad personal de las y los representantes sindicales. En ese contexto se
ha ejercido la libertad sindical en El Salvador.
Las manifestaciones de violencia contra personas
sindicalizadas han tenido distintas formas y características según el momento
particular en que los trabajadores y las trabajadoras se organizan. A
continuación se retoman algunas consideraciones históricas que es importante entender
para hacer lecturas más objetivas de la realidad sindical contemporánea, puesto
que no es posible desligar la coyuntura actual del proceso histórico en el que
los sindicatos han venido funcionando desde el siglo pasado.
Del Estado imperante en la década de los años setenta,
se ha dicho que tenía un carácter “(…)
facistoide, sui géneris, originado en el propósito
declarado de las Fuerzas Armadas de establecer un “nuevo orden”, en un intento creciente
por militarizar la sociedad civil. Con represión de la clase obrera y
predominio de la burguesía terrateniente (ya en 1970 la burguesía se ha
diversificado al sector financiero, servicios, industria)”.
En esta misma década, concretamente entre 1971 y 1975,
se registra un acelerado ritmo de descomposición del campesinado, especialmente
en las zonas central y paracentral del país (zona de movimientos campesinos entre
1975 y 1978), así como un rapidísima disminución del campesino medio que pasa a
proletarizarse o semi-proletarizarse. A partir del período de posguerra con
Honduras, se inicia un nuevo periodo de la lucha de masas determinado por el mayor
grado de explotación de las personas asalariadas en general, tanto a nivel
urbano como rural, y por el aceleramiento de la conciencia de clase en el marco
de nuevas organizaciones revolucionarias que trascienden la mera conciencia
sindical. A ello se suma la depauperación absoluta y relativa del proletariado
y semi-proletariado rural, fenómeno que se da en medio de un ascenso de precios
del café, sin precedentes.
La Unión de Trabajadores del Campo y la Federación de Campesinos
Cristianos de El
Salvador –que surgieron de hecho en 1932 ante la
prohibición del ejercicio de la libertad sindical– hacen alianza con otras clases
y capas asalariadas en el seno del Bloque Popular Revolucionario (1975),
iniciando así la lucha por reivindicaciones sobre la tierra, reducción de
precios de arrendamiento, salarios mínimos, entre otros, usando diferentes
formas de lucha que llegan en el primer semestre de 1977 a la ocupación de
tierras por primera vez en los últimos treinta años. Otros sectores de las
capas medias y sectores obreros crean otra alianza, el Frente de Acción Popular
Unificada. El Estado por su parte se movía en dos direcciones: la represión a
las organizaciones políticas y sindicales obreras, tanto urbanas como rurales,
que se inicia en 1972 y culmina con el cerco militar de zonas rurales, en 1978.
Por otro lado, su lucha con diferentes medios por controlar los organismos
laborales en el caso del proletariado industrial, mediante las centrales existentes
bajo su control; en el caso del proletariado rural fortaleciendo la Unión
Comunal Salvadoreña (UCS), estableciendo cierta coordinación al comienzo, sin
embargo bien entrado el conflicto, UCS fue también víctima del grupo
paramilitar ORDEN y del ejército, ya que muchos de sus miembros y miembras
fueron asesinados y asesinadas. Esto les habría hecho cambiar y alejarse de
posiciones gubernamentales.
Para 1971, la población sindicalizada era bajísima en
comparación con otros países. El índice de sindicalización sería de
aproximadamente 4%, por la prohibición de sindicalización campesina. Entre 1972
y 1976 hay un aumento absoluto de 17,968 miembros y de sólo
6 sindicatos. Sin embargo hay un retroceso de las
federaciones con larga lucha sindical y política.
No obstante lo anterior, las huelgas fueron en ascenso
entre 1974 y 1977.
Bajo este contexto, una estrategia clave para el
crecimiento del movimiento sindical, fue la expansión más allá de los
trabajadores y trabajadoras agrarias y sectores campesinos, que eran los grupos
más numerosos en vista del carácter agrario de la economía nacional. Aún con lo
incipiente del movimiento, sus exigencias elevaron rápidamente su nivel,
demandándose cambios en la propiedad y tenencia de la tierra, erradicación del
latifundio y de las “relaciones feudales”, junto a las reivindicaciones relativas
a salarios y condiciones de trabajo.
En otras palabras, las demandas propiamente laborales
pasaron a un segundo plano, y las organizaciones sociales y sindicales de este
tiempo dieron preponderancia a la búsqueda de cambios más profundos en la
economía y en la sociedad.
Ya en el marco de la guerra civil desatada en los años
ochenta, los sindicatos se movían en medio de una extrema polarización, donde
algunos se colocaban en posiciones reformistas, alineándose con el Estado, y
otros en una línea de acción más de oposición y revolucionaria.
Muchas federaciones nacen en este contexto bélico, en
1987, como movimiento de base de las Fuerzas para la Liberación (FPL), es
decir, con una tendencia y naturaleza revolucionarias.
En el contexto del conflicto armado las desapariciones
forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales constituían una
práctica cotidiana para amedrentar a los movimientos sociales y sindicales
(Conclusiones de la Comisión de la Verdad para El Salvador en el Informe De la
locura a la esperanza: la guerra de doce años en El Salvador, págs. 55-59); en
contraste con en el período actual de la post-guerra se verifican otras formas
de represión de la lucha sindical, entre otras; “violación a la contratación colectiva,
represión al derecho a huelga y procesos de despidos a dirigentes sindicales”. Con
la finalización de la guerra civil en los años noventa, los sindicatos en El
Salvador se encuentran debilitados, dispersos, sin proyecto, con dificultades para
articular posiciones y demandas. Una fuerte tendencia hacia “independizarse”,
tanto de
Federaciones como de Confederaciones y también de la
afiliación con partidos políticos, marca este período (Sepúlveda Malbrán, J.M.;
Frías Fernández, P.; El Sindicalismo en América Central: desafíos del futuro a
la luz de su memoria histórica. Guía didáctica, pág. 103.) La guerra finalizó
pero dejó sus secuelas de grave inseguridad y polarizó la confrontación política;
el relevo pacífico en el ejercicio del poder, tras largas décadas de
autoritarismo impidió cultivar una cultura de participación ciudadana, de
respeto a la ley y de equilibrio entre los poderes públicos (Herrera Valencia, B.;
Sepúlveda Malbrán, J.M.; Cartilla Didáctica “Globalización y relaciones
laborales en Centroamérica: Un desafío para los sindicatos”, Organización Internacional
del Trabajo, San José 2003, pág. 11.). Aunado a lo anterior, se continúan constatando
“(…) recurrentes denuncias contra funcionarios del Estado por la apropiación de
recursos públicos, (…) la escasa institucionalidad de la justicia permite
flagrantes violaciones de los derechos humanos y en particular de los derechos laborales
y sindicales (…) y la persecución de líderes sociales, además de las trabas y
dificultades
que la ley impone a la creación de organizaciones
sindicales, se une a la escasa voluntad
(de los empresarios y gobiernos) de consolidar a los
actores laborales (…)”
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