En los últimos días ha tomado mucha relevancia en
debate público y procesos de investigación, en el conflicto surgido entre ENEL
y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa-CEL por su subsidiaria
LaGEO S.A. de C.V.
Jaime Rivera
Festraspes-CSTS
LaGEO
a la fecha, es una empresa de capital mixto que aprovecha el vapor del subsuelo
para la generación de energía eléctrica, siendo sus activos mayoritariamente del
Estado, y en la parte minoritaria de la transnacional italiana ENEL. LaGEO abastece
el 25% de la demanda energética nacional, lo cual la posiciona como una empresa
estratégica en el ámbito de generación eléctrica en el país.
La
participación de la ENEL dentro de LaGEO se da en el periodo de Gobierno de
Francisco Flores (2001), estableciendo un contrato entre accionistas fuera del
marco jurídico del país, favoreciendo el interés de inversión de la empresa
transnacional y en perjuicio de los intereses nacionales.
Como
era de esperarse, el interés de ENEL por apropiarse de la mayoría de los
activos de LaGEO queda de manifiesto cuando pretende agenciarse el “derecho
prioritario de inversión” de diferentes proyectos desarrollados en su mayoría
con recursos propios de LaGEO, y así poder alcanzar alrededor del 53% del
capital social y en consecuencia el control administrativo de la misma.
A
partir de 2008 se generó un conflicto entre accionistas que ya ha trascendido a
tribunales internacionales con sede en Francia, y que como era de esperarse; favorecieron
a la transnacional, condenando a CEL que se le permita a ENEL, capitalizar en
la forma y cantidad que esta demanda.
Como
sector laboral siempre hemos condenando los procesos de privatización, por sus consecuencias
en las débiles economías de la familia salvadoreña, sin que los gobiernos
neoliberales se detengan en su interés por favorecer únicamente al gran
capital. Por fortuna pareciera que en la actualidad surge una luz en el fondo
del túnel de los saqueos del Estado, cuando el Presidente de la República Mauricio
Funes, se ha pronunciado públicamente en defensa de LaGEO por considerar que dicho
contrato tiene matices de inconstitucionalidad y haberse establecido de forma
amañada tratando de favorecer a la transnacional ENEL; y eso nos da la
esperanza que algo está cambiando… y nos compromete a redoblar nuestros
esfuerzos por profundizar una visión de modelo alternativo de gobierno para el
desarrollo del país, donde se defienda el patrimonio nacional y los recursos
naturales y se pongan en función del interés del pueblo salvadoreño.
Todos
recordamos que los procesos de privatización desarrollados en nuestro país en la
década de los años noventas, trajeron consigo la pérdida de muchos empleos en
estos sectores; impactando en las economías familiares de quienes resultaron desplazados
de sus puestos de trabajo. Sin embargo, el impacto trascendió a la población en
general, ya que por ejemplo la energía eléctrica hoy cuesta cuando menos cinco
veces más que antes de la privatización; que las pensiones son cada vez más
precarias, producto también de la privatización a través de la creación de las
AFP y por estas y muchas otras razones, es que rechazamos que privados
nacionales o transnacionales, comercien con los derechos sociales de la
población y con la explotación de infraestructura nacional y los recursos naturales.
Aprovechamos
además la ocasión para hacer un llamado al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos
que están a favor de mantener en manos del estado a la empresa LaGEO a
mantenerse coherentes con esta valiente posición de defensa del interés
nacional; rechazando el anteproyecto de ley de Asocio Publico Privado-APP
presentado a la Asamblea Legislativa por el mismo ejecutivo para su aprobación,
por constituir una herramienta jurídica para profundizar las privatizaciones
por medio del establecimiento de contratos de concesión de infraestructura pública
y medios productivos propiedad del estado.
A
quienes han avalado siempre y continúan con su lógica privatizadora, nuestro
total repudio a sus políticas entreguistas.
Haciendo
un llamado a nuestros compañeros/as organizados, clase trabajadora, movimiento social y población en general; que
continuemos atentos en la lucha por la defensa de nuestro patrimonio.
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